¡Putin a la Haya!

Durante la visita de Putin a los Juegos Olímpicos de invierno de Pekín del año pasado, semanas antes de iniciarse la invasión Ucrania, Moscú y Pekín proclamaron una amistad “sin límites”. Al parecer las cosas han cambiado. Xi Jinping se reúne estos días con Putin en Moscú y ofrece una visión menos entusiasta. El dictador ruso sueña con una asociación entre Rusia y China para la formación de un nuevo orden mundial multipolar en contra de las “ambiciones hegemónicas de Occidente”. Pero en la actual cumbre Xi habla de un objetivo general menos ambicioso. Está de acuerdo con en propiciar el multipolarismo, pero no específicamente contra un Occidente adversario. Más bien presenta a China como un mediador viable para la guerra en Ucrania y otros conflictos internacionales. Esta retórica de Xi sugiere su indisposición a dar a Rusia apoyo militar y político de forma ilimitada e incondicional.

Quizá una de las razones de las reservas del líder chino es la orden internacional de arresto emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) contra Putin, acusado por deportar a Rusia a menores de edad de las zonas ocupadas en Ucrania, lo cual es un crimen de guerra sobre el que el tribunal tiene jurisdicción. Y, seguramente, vendrán más acusaciones. Según el derecho internacional, se considera “criminal de guerra” a quien viole las normas adoptadas para regular los conflictos armados. Estas se han modificado y ampliado a partir de los convenios y protocolos de Ginebra. Desde luego, no es tarea fácil aplicarlos. La guerra suele ser la negación de todo derecho, pero con estas reglas se procura al menos proteger a los civiles, al personal médico, a los soldados heridos y a los prisioneros de guerra. Los tratados y protocolos establecen a quién se puede atacar y con qué armas. Ciertas armas están prohibidas, como las químicas o biológicas. Equivalen a crímenes de guerra el asesinato intencional, la destrucción y apropiación de bienes no justificada por necesidad militar, atacar deliberadamente a civiles, usar fuerza desproporcionada, recurrir a escudos humanos, el exterminio, el traslado forzoso, la tortura, la violación, la esclavitud sexual y tomar rehenes.

La proclama de “Putin a La Haya” se ha convertido en un grito de guerra para quienes ver sancionado a este autócrata. Rusia no es parte de la CPI, pero según sus estatutos la Corte tiene jurisdicción sobre los crímenes cometidos en el territorio de un Estado miembro (un total de 123, Ucrania entre ellos) independientemente de la nacionalidad de los presuntos autores. Una segunda opción podría ser la creación por la ONU de un tribunal internacional especial, pero Rusia haría hacer valer su derecho a veto en el Consejo de Seguridad. Por ello las opciones más viables serían crear un tribunal o corte para juzgar a Putin por un grupo de estados interesados, tal como sucedió en Nuremberg, o entregar a este sujeto a algún país donde estén vigentes leyes para enjuiciar los crímenes de guerra internacionales.

Evidentemente, existe una abismal distancia entre emitir una orden internacional de arresto y hacerla efectiva, sobre todo cuando se trata de llamar a cuentas al dictador de una potencia nuclear. Para hacer valer estas opciones aún falta el “pequeño detalle” de ver al sátrapa ruso destituido del poder y a sus sucesores deseosos de entregarlo a la justicia internacional, y eso es cosa asaz complicada.